Columna de nuestro socio Rodrigo Ortiz Krause en El Mercurio Legal

Publicado por OGL en

La industria de la aviación comercial ha sido una de las más afectadas por la crisis sanitaria derivada del covid-19. La drástica disminución de la demanda por vuelos de pasajeros y carga hacía previsible que más de alguna línea aérea se viera en dificultades de caja o derechamente cayera en insolvencia. De ahí que las recientes noticias sobre la solicitud de reorganización concursal presentada por Latam Airlines no hayan causado gran sorpresa en el mercado.

Son, más bien, las particularidades de este proceso las que sí han ocasionado algo de inquietud a acreedores, trabajadores y proveedores de la compañía por igual. Esto, porque se trata de un proceso de enorme complejidad, desde cualquier ángulo en que se le mire.

Desde luego, Latam ha presentado su solicitud, no ante los tribunales chilenos, donde tiene domicilio su sociedad matriz, si no que en la Corte Federal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York.

La empresa deudora ha formulado una solicitud voluntaria de amparo, de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Título XI del Código de Estados Unidos, presentación equivalente a la solicitud de reorganización contemplada en la Ley 20.720.

El procedimiento concursal incluye a la sociedad matriz de Latam y a 28 filiales suyas, con domicilio en, al menos, siete jurisdicciones distintas. Quedaron excluidas de la solicitud de amparo las filiales y coligadas de Latam en Argentina, Brasil y Paraguay, cuyos pasivos se negociarán por carriles separados.

La magnitud del concurso es notable. Sin duda, se encuentra dentro las insolvencias de mayor envergadura en la historia reciente. La propia solicitud de reorganización reconoce que Latam tiene más 100 mil acreedores, cuyos créditos suman US$ 18.000 millones. Varios bancos chilenos se encuentran entre los 40 principales interesados, con créditos que suman varias centenas de millones de dólares. Los activos de la deudora, para dar un respiro a los acreedores, se empinan por los US$ 21.000 millones.

El escenario para los acreedores chilenos es una elevada incertidumbre. En el hecho esencial recientemente publicado por la Comisión para el Mercado Financiero, Latam afirma que el procedimiento del Capítulo 11 “otorga una suspensión automática de ejecución por, a lo menos, 180 días”, afirmación a partir de la cual podría concluirse, sin más, que los acreedores radicados en territorio nacional no podrían ejercer judicialmente sus derechos contra la deudora. Declaradamente, esta es la intención con la cual Latam ha presentado su solicitud.

Sin embargo, se deben tomar cierta distancia de una afirmación tan tajante, porque los efectos prácticos en Chile de la solicitud presentada por Latam en Nueva York deben mirarse con varios matices.

El primero de ellos es la determinación de los reales efectos judiciales transfronterizos del procedimiento iniciado en Estados Unidos. Sin duda que la decisión del tribunal de ese país tendrá el efecto inmediato de suspender otros procedimientos contra Latam sometidos a la jurisdicción estadounidense. Distinto, sin embargo, es el caso de los procedimientos ventilados ante tribunales extranjeros, diferentes al del concurso de Latam. Frente a ellos el procedimiento de reorganización es irrelevante, al menos, mientras sus efectos no se incorporen al respectivo ordenamiento jurídico por los mecanismos pertinentes.

No debemos olvidar que esta es una materia sujeta a Derecho Internacional y ello se deriva de la decisión particular de Latam de sustraerse de la jurisdicción concursal que gobierna su centro principal de negocios, cual es Chile, y de someterse a un tribunal extranjero.

En el caso nacional, la Ley 20.720 regula pormenorizadamente los requisitos de fondo y las formalidades bajo las cuales un procedimiento extranjero puede producir los efectos en Chile, particularmente, cuáles son las circunstancias en que se suspenden las ejecuciones contra el deudor ventiladas ante tribunales locales. Esto no es ninguna particularidad de la ley concursal chilena, la que se limitó a adoptar la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre la Insolvencia Transfronteriza.

Los precedentes anteriores sobre esta materia no abundan, pero ella sí fue objeto de una álgida discusión en los tribunales de Santiago a propósito de la reorganización judicial de una conocida constructora europea, contra la cual los acreedores chilenos iniciaron juicios de cobranza de conformidad a la ley nacional. Aún cuando no hubo un pronunciamiento de fondo de los tribunales en ese caso precedente —fue transado por las partes— , sí resulta claro que la suspensión de las ejecuciones por concursos extranjeros no es un efecto automático y sin limitaciones.

Además, hay diversas otras cuestiones sustantivas que deben despejarse antes de poder afirmar, sin más, que los acreedores chilenos han visto suspendidos sus derechos para accionar contra Latam. La propia Ley 20.720 reconoce la excepción de orden público para negar reconocimiento a un procedimiento extranjero, lo cual cobra todo sentido de cara al régimen de protección de ciertos acreedores, como los trabajadores, el fisco de Chile o las instituciones de seguridad social. Finalmente, deben considerarse los eventuales efectos del procedimiento extranjero respecto de las garantías y avales otorgados por terceros distintos de la deudora.

Veremos cómo se desenvuelve este concurso. Sin duda será un caso que dará pie a interesantes discusiones jurídicas y pasará a formar parte de la siempre escasa jurisprudencia en materia de insolvencias transfronterizas.

  • Rodrigo Ortiz Krause es socio de Ortiz González Luarte Abogados.

Fecha: 31 de mayo 2020

Fuente: El Mercurio Legal

Categorías: PRENSA